Abandono del Estado y Violencia Estructural en Comunidades Indígenas

Ante los hechos acontecidos en el norte del país en los últimos días, desde las organizaciones miembros de la Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos Indígenas- REDESPI, manifestamos en primer lugar, nuestra plena solidaridad con las víctimas de los terribles sucesos. Tanto la muerte de las niñas, como el secuestro de Oscar Denis y Adelio Mendoza, forman parte de una violencia que rechazamos y repudiamos.

Como Red defensora de Derechos Humanos exigimos que toda intervención del Estado en la zona norte se circunscriba en el marco del respeto a las leyes que protegen a los pueblos indígenas y al respeto a la legislación nacional e internacional.

Somos organizaciones con muchas décadas de trabajo junto a las comunidades Indígenas del país y damos fe que las reivindicaciones que los pueblos indígenas han reclamado históricamente y reclaman en la actualidad no es otra sino la vigencia del Estado Social de Derecho y las garantías contempladas a su favor en el Capítulo V de la Constitución de la República, a través de organizaciones propiamente indígenas y que sus métodos de reivindicación de derechos distan mucho del ejercicio de la violencia criminal.

Sin embargo, la violencia que sí involucra a indígenas y se evidencia de manera indiscutible es la de la ausencia del Estado en las comunidades y el abandono histórico a estos Pueblos. Esto, se refleja en el hecho de que un 25% de las cerca de 800 comunidades y aldeas indígenas existentes en todo el país no cuentan con tierra propia, alrededor del 30% han sufrido o sufren atropellos de terceros – invasión, alquiler, fumigación – o violencia externa – atropello, robo, abigeato, asesinatos – y apenas el 40% del total cuenta con un centro de salud y el 70% con una escuela en sus comunidades, según señalan fuentes oficiales (DGEEC, 2015) y de otra índole (Tauli Corpuz, 2015; Villagra, 2018). Esta ausencia es aún más patente ante el escenario de la actual pandemia sanitaria, con el aumento vertiginoso de casos positivos en personas indígenas en diversas partes del país y la falta de un plan gubernamental de asistencia a pueblos indígenas ante el Covid-19.

Asimismo, resaltamos que en una zona como el norte de la región Oriental, con un alto índice de violencia, se ha abandonado a las comunidades indígenas al arbitrio de grupos criminales -muchas veces vinculados al narcotráfico y al agronegocio- que presionan sobre el territorio indígena; situación, que en muchos casos ha acabado en otras tragedias, como las – al menos – 30 personas del Pueblo Indígena Paî Tavyterâ asesinadas por sicarios desde el término de la dictadura hasta años recientes, según se puede cotejar en varios informes y estudios (Brun, Enciso y Chase-Sardi, 1990; Chase Sardi y Susnik; 1995; Tierraviva, 2014).

Por lo expuesto arriba, llamamos a abordar está exclusión y violencia con una presencia activa e integral del Estado en las comunidades indígenas a fin de revertir las difíciles condiciones de vida en la que se desenvuelven hombres, mujeres, ancianos y niños indígenas, respetando su cultura y autodeterminación, evitando una mayor criminalización hacia dichas comunidades que solamente agravaría la situación de histórica discriminación estructural.

 

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