Ante los hechos acontecidos en el norte del país en los últimos días, desde las organizaciones miembros de la Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos Indígenas- REDESPI, manifestamos en primer lugar, nuestra plena solidaridad con las víctimas de los terribles sucesos. Tanto la muerte de las niñas, como el secuestro de Oscar Denis y Adelio Mendoza, forman parte de una violencia que rechazamos y repudiamos.

Como Red defensora de Derechos Humanos exigimos que toda intervención del Estado en la zona norte se circunscriba en el marco del respeto a las leyes que protegen a los pueblos indígenas y al respeto a la legislación nacional e internacional.

Somos organizaciones con muchas décadas de trabajo junto a las comunidades Indígenas del país y damos fe que las reivindicaciones que los pueblos indígenas han reclamado históricamente y reclaman en la actualidad no es otra sino la vigencia del Estado Social de Derecho y las garantías contempladas a su favor en el Capítulo V de la Constitución de la República, a través de organizaciones propiamente indígenas y que sus métodos de reivindicación de derechos distan mucho del ejercicio de la violencia criminal.

Sin embargo, la violencia que sí involucra a indígenas y se evidencia de manera indiscutible es la de la ausencia del Estado en las comunidades y el abandono histórico a estos Pueblos. Esto, se refleja en el hecho de que un 25% de las cerca de 800 comunidades y aldeas indígenas existentes en todo el país no cuentan con tierra propia, alrededor del 30% han sufrido o sufren atropellos de terceros – invasión, alquiler, fumigación – o violencia externa – atropello, robo, abigeato, asesinatos – y apenas el 40% del total cuenta con un centro de salud y el 70% con una escuela en sus comunidades, según señalan fuentes oficiales (DGEEC, 2015) y de otra índole (Tauli Corpuz, 2015; Villagra, 2018). Esta ausencia es aún más patente ante el escenario de la actual pandemia sanitaria, con el aumento vertiginoso de casos positivos en personas indígenas en diversas partes del país y la falta de un plan gubernamental de asistencia a pueblos indígenas ante el Covid-19.

Asimismo, resaltamos que en una zona como el norte de la región Oriental, con un alto índice de violencia, se ha abandonado a las comunidades indígenas al arbitrio de grupos criminales -muchas veces vinculados al narcotráfico y al agronegocio- que presionan sobre el territorio indígena; situación, que en muchos casos ha acabado en otras tragedias, como las – al menos – 30 personas del Pueblo Indígena Paî Tavyterâ asesinadas por sicarios desde el término de la dictadura hasta años recientes, según se puede cotejar en varios informes y estudios (Brun, Enciso y Chase-Sardi, 1990; Chase Sardi y Susnik; 1995; Tierraviva, 2014).

Por lo expuesto arriba, llamamos a abordar está exclusión y violencia con una presencia activa e integral del Estado en las comunidades indígenas a fin de revertir las difíciles condiciones de vida en la que se desenvuelven hombres, mujeres, ancianos y niños indígenas, respetando su cultura y autodeterminación, evitando una mayor criminalización hacia dichas comunidades que solamente agravaría la situación de histórica discriminación estructural.