Lideresas de pueblos indígenas y representantes de instituciones defensoras de derechos humanos de Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia, reunidas en Asunción, en conocimiento de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas, por acción y omisión del Estado paraguayo, contra comunidades del departamento de Amambay.
Denunciamos:
– Quema de la casa ceremonial y sus elementos rituales, como respuesta a las demandas de rendición de cuentas al gobernador del departamento, por parte de los y las habitantes de 58 comunidades indígenas.
– Silencio cómplice de los representantes del ministerio público, quienes al recibir las denuncias, por malversación de fondos, quema de casa ceremonial y amenazas de muerte contra mujeres y hombres líderes no hicieron nada, no obstante los 37 días de movilización de las y los damnificados.
– Incumplimiento por parte del Estado de la obligación de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, permitiendo la perpetuación de prácticas de mantenimiento en cautiverio a comunidades, a través del cerco sistemático por parte de hacendados sin siquiera respetar el lugar sagrado y patrimonio cultural del pueblo Pai; aislamiento que impide el acceso a los servicios de salud y educación ofertados por el propio Estado.
– Pasividad del Estado ante el acoso de grupos de narcotraficantes contra las y los pobladores indígenas de Bella Vista en la que la caída de una aeronave y la supuesta pérdida de una maleta con dinero, dio lugar al asesinato de un líder indígena y la amputación de un pie de otro líder indígena. El secuestro de un joven de 24 años sacado de la comunidad con la propuesta de realizar trabajo de alambrado en una finca, para a los pocos días, ser entregado su cuerpo inerte sin la lengua ni órganos internos; conducta criminal que fue justificada por el Ministerio Público como un accidente de trabajo.
– Ampliación de la frontera de producción de marihuana mediante quema de bosques por narcotraficantes, acción que compromete la propiedad de las comunidades indígenas, llegando al extremo de incendiar 29 viviendas y dos casas ceremoniales de tres comunidades, recibiendo como respuesta a sus denuncias y reclamos, únicamente la promesa de restituirles las viviendas con “carpas”, sin movilizar ningún recurso policial para investigar esos crímenes cometidos por las mafias del narcotráfico.
– Traslado de niñas y adolescentes de las comunidades indígenas con promesa de trabajo al otro lado de la frontera, para nunca volver sin que a las autoridades les alarme ni investiguen esa situación.
– Inacción del Ministerio Público ante la denuncia de malversación de 20 mil millones de guaraníes destinados a los campesinos de la zona y 566 millones del pueblo Pai.
Ante la gravedad de estos y otros problemas, el Estado ha respondido declarando “estado de emergencia en la zona de Amambay” mediante la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, y disponiendo su militarización, lo que supone colocar en mayor estado de vulnerabilidad a la población indígena de la zona, especialmente a las mujeres y las niñas.
Las mujeres lideresas que suscribimos la presente nota, demandamos al Estado paraguayo:
1) Honrar los compromisos adquiridos a tiempo de ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos y de protección de pueblos indígenas, en particular de las mujeres y las niñas, así como la constitución política del Estado.
2) Revocar la ley 5036/13 que otorga facultades especiales al Poder Ejecutivo para la movilización de las fuerzas militares y poner en acción los mecanismos propios del Estado democrático de derecho.
3) Garantizar la seguridad, la integridad, y los derechos de las mujeres, de las niñas y todo el pueblo indígena de Amambay.
Asunción, 27 de agosto de 2013
Julieta Montaño, Bolivia
Maguiorina Balbuena, Paraguay
Tarcila Rivera, Perú
Delia Guaman, Ecuador
Lourdes Huanca, Perú
Marilin Rendfelth, Paraguay
Hilaria Cruzabie, Paraguay
Bernarda Pesoa, Paraguay
Grupo Sunu de Acción Intercultural 