El pasado martes, se realizó el “Conversatorio con magistrados judiciales sobre procesos que involucran a personas o comunidades indígenas”. Unos 70 jueces y juezas, así como otros funcionarios de la Circunscripción Judicial – Presidente Hayes, participaron del evento donde pudieron compartir experiencias y percepciones sobre el ejercicio de la justicia intercultural.
El desarrollo del conversatorio estuvo a cargo de la Dra. Esther Prieto, experta en Derechos de Pueblos Indígenas y consultora de la Corte Suprema de Justicia, gracias a la organización de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, Abg. Nury Montiel Mallada, directora de la misma, y la Abg. Janice Goldenberg, encargada del programa de acceso a la Justicia de los pueblos indígenas de la Dirección de Derechos Humanos, con el acompañamiento de la ONG, SUNU de Acción Intercultural y el apoyo de la circunscripción. Estuvieron presentes el presidente de la circunscripción, Abg. Dr. Blas Ramón Cabriza y el intendente de la ciudad de Villa Hayes, Dr. Luis López.

Se enfatizó en la correcta aplicación del “Protocolo de Actuación para una Justicia Intercultural” que ofrece orientaciones y directrices para la actuación de los juzgados en procesos judiciales concernientes a personas y comunidades indígenas. Esta herramienta jurídica de acceso a la justicia ayuda a comprender y atender los casos judiciales desde el abordaje de la diversidad cultural con un enfoque de Derechos Humanos.
La segunda edición de este material, presentada ayer, incluye traducciones al guaraní y al inglés. El documento fue impreso con el auspicio de Bröt Für Die Welt a través del Grupo Sunu de Acción Intercultural. La edición estuvo a cargo de la Abg. Julia Fernández.
Caso Histórico Paradigmático
Durante el conversatorio, Néstor Vera, coordinador de proyecto del Grupo Sunu, presentó un histórico caso ocurrido en la comunidad de La Patria, donde a través de la aplicación del Protocolo y las leyes consuetudinarias, se logró expulsar de la comunidad indígena a un grupo de personas que habían ocupado el territorio de manera irregular, quienes además aprovechaban los recursos naturales de la comunidad. En el año 2022, a través de asambleas y la intervención de un juez de paz, lograron recuperar sus tierras, convirtiéndose en un precedente para otros posibles casos.
